La pescadilla que se muerde la cola

Publicado por el ene 27, 2014

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Que el estado de las vías patrias, fruto de la merma en la inversión motivada por la crisis, «hace aguas» empieza a ser algo más que evidente en ejemplos tan paradigmáticos como la A-3, de Madrid a Valencia, o la N-340, la carretera más larga de España que bordea el litoral Mediterráneo. La Asociación Española de la Carretera (AEC) viene advirtiendo de estos y otros peligros en las calzadas. Ahora bien: simple y llanamente, ¿hay dinero para afrontar esas necesidades? Y si la respuesta es no, ¿estamos en condiciones de afrontar los gastos que inevitablemente se van a derivar del progresivo deterioro en la calidad y estado de conservación de estas infraestructuras? Porque esa es la cuestión, y además en distintos frentes. Veamos.

La AEC señala desde hace tiempo que la conservación de la red, sobre todo autonómica, es el peor desde 1985, y que hasta 2011 las necesidades de reposición habían aumentado un 30 por ciento en lo que toca al firme (a menudo agrietado), señalética y marcas viales, barreras (con aprobado justo, requieren una inversión urgente de unos 150 millones de euros), obstáculos en arcenes… En suma, hacen falta 5.200 millones de euros para devolver las carreteras a una situación, digamos, digna.

Por ejemplo, conforme a la AEC una de cada cuatro señales verticales no garantiza una correcta visibilidad de noche o con climatología adversa. El 26 por ciento de las señales de código (obligación, prohibición y peligro) tienen más de 10 años, cuando parámetros internacionales aconsejan cambiarlas a los 7 antes de que su material reflectante caduque; la AEC indica que el 13 por ciento de las señales en las vías españolas supera los 15 años de antigüedad. En total, habría que cambiar unas 350.000 señales y repintar 50.000 km de marcas viales. Según parece, solo se salva el balizamiento

carreteraSumen ahora que el 38 por ciento de la red viaria presenta lo que los técnicos llaman daños superficiales, y que el 72 por ciento del pavimento exhibe grietas que provocan serios daños al filtrar agua a las capas y congelarse. A ello se añade el deterioro en el material árido o bituminoso, lo que deriva en roderas, sobre todo por el paso de vehículos pesados. Los problemas superficiales son subsanables con repavimentación; los estructurales terminan derivando en obras mucho más costosas.

Otro «mal» es la ausencia de luz ya en infinidad de tramos de autovías, circunvalaciones… De hecho, solo es obligatoria por ley en túneles, pero el incremento en la siniestralidad vial fruto de la ausencia de alumbrado en evidente: de los 85.503 accidentes registrados en 2010, el 30 por ciento tuvo lugar de noche y en el crepúsculo, y de ellos el 20 por ciento en vías carentes de alumbrado. En total, 996 fallecidos (40 por ciento del total).

Y sin embargo, una inversión de 348 millones de euros subsanaría la carencia y se amortizaría en menos de 3 años ajustando consumos y aplicando reguladores, sistemas LED…, porque el 59 por ciento de los puntos de luz en carretera presenta niveles inadecuados, ya sea por exceso (23 por ciento) o por defecto (36 por ciento).

Árboles, postes de alumbrado, vallas publicitarias y obras de fábrica pueblan los flancos y arcenes de las vías y son fatales ante un choque. La regulación (Orden Circular 28/2009) establece que, en lo posible, son elementos a desplazar o proteger. Pues bien, hasta el 42 por ciento de las carreteras presentan esta situación, y el 35 por ciento de los fallecidos en accidente de tráfico lo fueron por salidas de vía. La cuenta es bien clara.

De remate, si sufrimos un siniestro consecuencia de un fallo en la infraestructura, podemos reclamar, como recuerdan desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA): «Existe una responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento normal o anormal del servicio público, desde un badén acusado a una señal robada y no repuesta, obras mal o no señalizadas, ausencia de sistemas de contención, derrames por accidentes mal subsanados, nevadas previstas que atrapan a miles de conductores, ramas y árboles faltos de poda que caen sobre la vía ante una tormenta…»

Al final, el órgano competente de la vía pagará, es decir, pagaremos todos, como lo hacemos con los heridos hospitalizados por causas así o por los muertos que enterramos. Un desastre colosal que debería revertir para que, vía inversión, y con la mente y la política actuando donde y cómo deben, cortase por lo sano semejante espiral. Sin duda, una vez mas es preferible prevenir que curar, aunque justo ahora duela el bolsillo y haya que ingeniárselas, aquellos a los que pagamos para que lo hagan, para sacar el dinero de donde deban y lo gasten como toca.

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